No puedes esperar seis meses para una consulta con un especialista. No puedes esperar que una prueba diagnóstica llegue a tiempo cuando cada día cuenta. No puedes quedarte de brazos cruzados viendo cómo la incertidumbre se convierte en un enemigo más.

Por eso, millones de personas en España hemos decidido confiar en un seguro de salud privado. No por lujo, sino por necesidad. Actualmente, un 25% de la población tiene un seguro médico privado, y esta cifra no para de crecer. ¿Por qué? Porque la sanidad pública, aunque esencial, no siempre puede atendernos a tiempo. Y cuando se trata de salud, cada día cuenta.

Sin embargo, el esfuerzo de quienes hemos dado este paso está siendo atacado con nuevas medidas fiscales que no solo penalizan nuestra elección, sino que demuestran lo desconectados que están nuestros políticos de la realidad.

Y como si fuera poco, estas medidas llegan en pleno caos en Muface, el sistema que cubre la salud de 1,5 millones de funcionarios en España. Un sistema que enfrenta una crisis de financiación tan grave que las aseguradoras están abandonando los convenios obsoletos y deficitarios. Las familias de estos trabajadores públicos están en vilo, sin saber si podrán mantener su acceso a la sanidad privada o si acabarán engrosando aún más las interminables listas de espera del sistema público. Todo esto es, sencillamente, de traca.

El golpe: un castigo disfrazado de redistribución

El objetivo del Gobierno es que los seguros médicos privados empiecen a tributar por el Impuesto sobre Primas de Seguros (IPS), que cuenta con un tipo del 8%. Esta medida, que hasta ahora eximía a los seguros médicos de este impuesto, supondrá un coste adicional de 730 millones de euros aprox al año para las familias que ya pagan su seguro.

Además, se espera que las primas suban un 7% en 2025, (siendo muy optimistas) lo que añade otros 700 millones de euros aprox más al bolsillo de los asegurados. En total, hablamos de 1.400 millones de euros adicionales que deberán asumir las personas que ya hacen un esfuerzo económico para proteger su salud y la de los suyos.

¿Y todo esto para qué?

En mis palabras, esto no es más que el anhelo de SUMAR y PSOE que viven en los mundos de Yupi y se piensan que España está plagada de millonarios a los que odian. Es, literalmente, el sueño erótico de quienes han decidido atacar a las familias normales, cargándolas con más impuestos mientras miran hacia otro lado ante los verdaderos problemas de la sanidad pública.

¿A quién afectan realmente estas medidas?

Como especialista en seguros de salud, conozco bien las historias de mis clientes. No son millonarios ni grandes fortunas. Son madres que no quieren pasar horas en una sala de espera de urgencias pediátricas con sus hijos enfermos, esperando a ser atendidas. Son padres que trabajan duro y necesitan garantías para no quedarse fuera de juego por una operación. Son abuelos que han decidido no dejar su salud en manos de la suerte.

 Este escenario no solo es injusto, es irresponsable.

¿Qué estamos castigando realmente?

En lugar de agradecer a quienes alivian la carga del sistema público asumiendo un coste privado, estas medidas los penalizan. Y lo peor, el impacto no será solo para ellos. Si más personas se ven obligadas a abandonar sus seguros privados, la sanidad pública, ya sobrecargada, no podrá soportar la presión.

Esto no es redistribución. Es un parche fiscal que traerá más problemas que soluciones.

La salud no puede esperar

La política debe estar al servicio de las personas, no en su contra. Si de verdad queremos un sistema sanitario sostenible, necesitamos reformas profundas que mejoren la sanidad pública, no cargar aún más a quienes buscan alternativas para cuidar de sí mismos.

Elegir un seguro de salud no es un lujo. Es un acto de responsabilidad. Y quienes lo asumimos no deberíamos ser castigados por buscar lo que todos merecemos: tranquilidad en los momentos más difíciles. Porque cuando la enfermedad llama a tu puerta, no puedes esperar.

Y no deberíamos tener que hacerlo.

María Rodríguez Aguilar